jueves, 6 de octubre de 2011

CHANTAJE FISCAL:

La ligitiosidad judicial, dentro de las inspecciones que realiza hacienda, es de las más altas de europa, siendo nuestro pais donde las empresas se encuentran en una indefensión demostrada y real, ante las obligaciones fiscales que deben cubrir. Está situación,junto con que las resoluciones judiciales tardan entre 10 y 15 años en resolverse, consiguen con ciertas medidas, coaccionar y reprimir las necesidades de liquidez de empresas y particulares. Dichos inspectores aplican las leyes fiscales ejecutando los recursos, a pesar de no realizar las ejecuciones ajustadas a derecho. Las empresas se ven forzadas a recurrir judiciamente; llegado a este punto, el inspector duplica la liquidación, ya que se tiene que cubrir los posibles gastos e intereses de demora, por los años que pasaran hasta que un juez dicte sentencia. Con está imposición, se trata de coaccionar al litigante, para que no vaya a juicio, pero si finalmente presenta el recurso, tendra que adelantar la cantidad total. Esto supone una disminución de los activos de las empresas o personas juridias, disminuyendo sus activos, teniendo que sacar cantidades de activos de los balances.
Esos activos no podran ser utilizados para cubrir las necesidades más urgentes,(pagos a proveedores, liquidación de las nominas, inversión, etc, etc).
REFLEXIONES FINALES PERSONALES;
El inspector no solo no se ajusta a la ley fiscal, para estimar cual es la liquidación que corresponde, ya que lo utiliza intencionadamente como arma represora, para que el litigante no vaya a juicio. Esta manera de aplicar ley,por un funcionario, que supuestamente deberia de ser imparcial, puede llegar a ser intencionada, ya que el gobierno de turno, presionara y creara incentivos para que los inspectores cedan a intereses partidistas. Lo peligroso de estássituaciones, es que pueden producirse tratos de favor, clientelismo político, por parte de las comunidades autonomas, que tienen la potestad del control de los inspectores. Se generan por tanto corrientes a favor de la prevaricación sobre cuestiones empresariales, particulares, o de cualquier otra indole.

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